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El corralito informativo ahoga derechos de la gente – Diario «Clarín» Buenos Aires – Argentina

El corralito informativo ahoga derechos de la gente

Por Silvana Giudici Ex Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia)

Cuando el afán por controlar el relato todo lo puede, se resienten mecanismos básicos de la convivencia democrática y la libertad de los ciudadanos.

El bochorno de Bruera publicando en las redes sociales su presencia en La Plata desde Brasil es un claro ejemplo del intento permanente de manipulación comunicacional que despliega el oficialismo.

La fábula duró pocas horas. Pero otras mentiras, producidas y escenificadas con los miles de millones de pesos que se destinan a la publicidad oficial pasan inadvertidas para algunos sectores de la población, confundiendo lo que se transmite en los entretiempos del fútbol con la realidad.

La estrategia propagandística del oficialismo se basa en un sofisticado y costoso aparato estatal y paraestatal de productoras, medios de comunicación, panelistas y periodistas que fabrican y repiten los conceptos hasta el cansancio. La agencia oficial de noticias y los medios públicos se nutren de esa usina y acompañan con un rol protagónico los libretos establecidos.

A quién defender, o a quién atacar, se convierte en una orden viralizada durante el día que se replica también en las redes sociales, multiplicada por perfiles militantes conducidos desde La Cámpora. Si algún periodista o panelista del gran conglomerado mediático oficialista se aparta del guión sufre represalias, como el caso de Juan Miceli del noticiero de Canal 7 que fue reprendido al aire por el jefe camporista Larroque tras una pregunta “incómoda”, o los cruces entre los panelistas de 6,7,8 cuando alguno no se ajusta estrictamente a la obsecuencia incondicional hacia el Gobierno.

Sin embargo tal despliegue de recursos y de propaganda no logra conmover a la audiencia. Los programas ultraoficialistas que a repetición disparan munición gruesa contra todo aquel que disienta con el modelo, o la propia Presidenta emitiendo en cadena nacional, provocan fuga de espectadores y caída de rating inmediato.

Por eso en los últimos tiempos las acciones destinadas a sostener el relato avanzan con una creatividad inimaginable. Una de ellas, la medida tomada por el fiscal Di Lello para censurar un spot televisivo de Francisco De Narváez a raíz de una denuncia presentada por el apoderado del FpV Jorge Landau por supuesta transgresión a la ley electoral. Vale aclarar que cuando se trató en la Cámara de Diputados la ley 26.571, expresé que la limitación impuesta a los partidos políticos generaría un desequilibrio absoluto entre el partido gobernante, ya que éste último dispondría los recursos de la pauta oficial para su comunicación, mientras que al resto solo le adjudicarían por sorteo (manejado por el mismo Gobierno, art. 34 y 35 de la ley 26.571) cuotas mínimas de televisión y radio.

La suma de restricciones del sistema electoral y la censura que el sistema de medios públicos impone a la oposición contrarían las garantías constitucionales restringiendo las condiciones de legitimidad de acceso al poder de cualquier otra fuerza política que no sea la que gobierna.

Otras dos acciones apuntan al ahogo financiero de los medios independientes. Una de ellas es la discriminación en la moratoria anunciada por la AFIP el 25 de marzo, que sin sustento técnico excluyó a los medios de comunicación de sus efectos. Mientras la presidenta Dilma Rousseff exime a los medios de cargas impositivas como una medida para generar mayor competitividad, aquí se los castiga intentando utilizar la presión fiscal como un elemento disciplinador de las líneas editoriales.

Otra es la prohibición impuesta por el secretario de Comercio Guillermo Moreno a los supermercadistas para pautar publicidad en determinados diarios. La ecuación es simple: si el Estado es el mayor anunciante (actualmente representa el 10 por ciento de la torta publicitaria total), con 1200 millones de pesos al año, no pauta en determinados medios y a la vez direcciona los recursos de la publicidad privada, los medios que podrán sobrevivir serán solamente los que el Gobierno desee.

Ningún gobierno democrático había llegado tan lejos. La prohibición de publicidad afecta directamente a las cadenas de supermercados que pierden ventas por falta de promoción de sus ofertas; a los medios, que serán asfixiados económicamente si la medida se sostiene en el tiempo y, por sobre todo, afecta a los consumidores que se ven impedidos de ejercer su derecho, como lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional a recibir la información de los productos que consumen y a ejercer plenamente el derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión consagrados en los artículos 14 y 32.

Estas tres acciones en conjunto terminan de configurar un verdadero corralito informativo. Nada que no se ajuste a las directivas oficiales en materia de inflación, evolución de precios, pareceres políticos o ideas distintas a las del modelo puede fluir libremente.

Las cortapisas son tantas y las restricciones tan ilegítimas como cuantiosos los recursos públicos de todos los ciudadanos que se dilapidan en virtud de satisfacer apetencias de poder perpetuo. Nuestras libertades a la hora de elegir qué candidato votar, qué periodista escuchar o a comparar los precios antes de comprar en un supermercado forman parte de un derecho constitucional consagrado.

Ese derecho y la libertad de prensa, que dentro de una democracia sana, no debería estar en debate, chirrían bajo la fuerte presión de un gobierno que ha logrado colocar a nuestro país en los niveles más bajos de calidad democrática en cuanto a libertad de expresión se refiere.

 

Diario Clarín – Argentina Buenos Aires – 07/05/2013

http://beta.clarin.com/opinion/corralito-informativo-ahoga-derechos-gente_0_914908576.html