La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la situación del periodista Diego Masci, quien enfrenta un juicio oral en la provincia de San Luis como consecuencia de la publicación de un video en el sitio periodístico digital que dirige, de una funcionaria pública provincial.

En agosto de 2018, el portal de noticias Zbol.com.ar, dirigido por Masci, difundió un video de la entonces Ministra de Educación de la Provincia de San Luis, en el que ella se filmaba junto a su pareja comentando su experiencia después de haber fumado Marihuana en un viaje por Amsterdam. Como consecuencia de esta publicación la Ministra Natalia Spinuzza debió dejar su cargo. 

La ex Ministra de Educación y actual Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de San Luis, inició entonces una demanda legal contra el periodista. Diego Masci en la actualidad se encuentra esperando la resolución del Juzgado de Sentencia de la provincia, en una causa que, según el acusado y diversos medios y organizaciones locales, ha sido impulsada directamente por la gobernación puntana. 

De resultar condenado Masci por la exhibición de las imágenes, que revestían Interés público debido al cargo que la funcionaria detentaba en el momento de producidas, estaríamos ante una clara limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y de acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados internacionales que la integran. Las imágenes difundidas por el portal del periodista habían circulado ya por distintos grupos de WhatsApp y otras redes sociales, aún así la causa, obrante en el Juzgado de Sentencia de San Luis siguió adelante hasta llevar al comunicador a juicio oral, que tendrá desenlace el próximo jueves 13 de agosto de 2020.

Recordamos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.”

En consecuencia la condena a un periodista por haber hecho pública una situación que afectaba a un funcionario del estado constituiría un precedente sumamente negativo para los derechos involucrados, representaría un retroceso en la vigencia de las garantías de la prensa y de los ciudadanos de nuestro país y podría inducir a otros periodistas o medios de comunicación a la auto censura. 

LED seguirá con atención el resultado de este proceso judicial, pondrá en conocimiento del mismo a las Relatorías Especiales de los organismos internacionales que nuestro país integra y continuará trabajando para defender y difundir estos principios fundamentales de una sociedad democrática.