La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su repudio a la agresión y hostigamiento sufrido por el equipo periodístico de «El Tribuno» de Salta por parte de un funcionario público provincial de esa provincia.
Los hechos ocurrieron cuando el equipo de trabajadores de prensa realizaban imágenes y recogían testimonios de lugareños que no tienen agua potable en un camino aledaño a la finca que el coordinador general de Tierras y Bienes de la Provincia, Sergio Usandivaras posee en la localidad de Talapampa, en la provincia de Salta el día 2 de Enero.
Al enterarse de la producción periodística, el funcionario acometió a caballo contra los periodistas, regresando luego a su estancia desde donde se encargó de realizar un despliegue policial solicitando además la detención, requisa del móvil de prensa y la incautación de los equipos con el material fotográfico y fílmico del informe periodístico.
La Fundación LED expresa su preocupación por la sucesión de acontecimientos de limitaciones al accionar periodístico por parte de funcionarios provinciales y nacionales, mediante diferentes acciones como la detención injustificada en el caso del periodista Juan Pablo Suárez en la provincia de Santiago del Estero, golpizas como en los casos del equipo periodístico agredido por allegados al administrador de la AFIP o el fotógrafo Palacio por miembros de la Gendarmería Nacional. O en este caso donde mediante el abuso de poder se intenta censurar una investigación periodística.
Como hemos expresado en diferentes oportunidades el Estado es el garante del derecho a la libertad de expresión, debiendo castigar con rigurosidad a todo funcionario público que intente cercenar ese derecho directa o indirectamente, la falta de sanción en ese sentido se convierte en un respaldo a aquellos que no entienden su misión y responsabilidad referente a su condición frente a la ciudadanía.
La Fundación LED, insta a los diferentes Estados, tanto al Nacional como a los provinciales a aplicar las sanciones correspondientes a todos aquellos funcionarios públicos que permiten, realizan o instigan cualquier tipo de acción que determine la censura en la opinión o en el trabajo de cualquier periodista, cumpliendo de esa forma no solo con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, sino también con la convivencia en un Estado democrático.
05/01/2014