La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la detención de dos ciudadanos en la provincia de Jujuy por sus publicaciones en redes sociales.
La justicia de la Provincia de Jujuy detuvo e imputó a dos ciudadanos acusados de difundir noticias falsas (fake news) en sus redes sociales en el marco de una causa iniciada a raíz de una denuncia realizada por el ex Gobernador Gerardo Morales y su esposa por supuesta “supresión de identidad” de su hija menor de edad.
En redes sociales circularon distintos comentarios que ponían en duda la paternidad de Morales y vinculaban a su esposa con una relación extramatrimonial. A raíz de ello la pareja formuló una denuncia requiriendo la “investigación, averiguación e identificación” de los autores del hecho.
Como consecuencia de la investigación dos ciudadanos fueron imputados, detenidos durante dos días y el fiscal a cargo de la causa solicitó para ellos 60 días de prisión preventiva.
LED se ha manifestado en retiradas oportunidades sobre el riesgo que implica la utilización de conceptos como el de “fake news” o “discurso de odio” como herramientas para limitar las expresiones de la prensa y los ciudadanos.
En particular durante el año 2020 se dieron numerosos casos de detenciones y persecución judicial contra ciudadanos acusados de difundir noticias falsas en el marco de la pandemia de COVID-19, lo cuales fueron consignados en el correspondiente informe anual ( https://fundacionled.org/informes-y-publicaciones/informes-led/la-fundacion-led-libertad-de-expresion-democracia-publica-su-informe-anual-limitaciones-al-ejercicio-de-la-libertad-de-expresion-argentina-2020 )
Está claro que todos los ciudadanos gozan del derecho a la intimidad, y más aún cuando se encuentran involucrados menores. Sin embargo, quienes ejercen la función pública saben de ante mano que están sometidos a un mayor grado de exposición ante la sociedad. Por otra parte, la utilización de sanciones penales resulta desproporcionada y contraria a lo que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cuando se trata de funcionarios y personalidades públicas que ”…dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica…” y así mismo que “la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático.”
Por lo tanto, decisiones judiciales como esta pueden constituir una seria limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información de los ciudadanos.
LED dará seguimiento al caso y continuará trabajando para que toda la sociedad comprenda la importancia que tiene un debate público abierto para el fortalecimiento de la democracia.