La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su profunda preocupación por la censura ejercida contra el juez Claudio Bonadío a quien se le impidió su participación como expositor en un seminario referido a la lucha contra la droga y el delito.
El juez federal Claudio Bonadío, había sido designado por la Cámara Federal de la Capital Federal como representante del poder Judicial en el encuentro organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para participar de la apertura del seminario. Ante esta situación, según la información periodística, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, intervino ante el Representante Especial para Asuntos de Terrorismo y otros Delitos Conexos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Héctor Dellepiane, expresando la disconformidad de la procuración y el retiro de la delegación de fiscales en el caso de que Bonadío participara de la mesa de apertura del evento.
Al comenzar el seminario, el juez Bonadío fue informado por el Ministro Dellepiane que en la mesa de apertura solo hablarían el representante de UNODC y él mismo, por lo que el juez les hizo saber que sabía cuáles eran las verdaderas razones de la decisión y que «no avalaría con mi presencia esa conducta indigna y extorsiva que solo termina por seguir erosionando la imagen y seriedad del Estado Argentino». Este hecho promovió que el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, le enviara una carta a Bonadio, manifiestándole su «reconocimiento y sentida solidaridad ya que he tomado conocimiento del desplante caprichoso e injustificado que ha sufrido por parte de la Procuración General de la Nación a raíz de la designación que hiciera el suscripto respecto de su persona».
La actitud de la procuradora de la Nación es una clara violación a la libertad de expresión que colisiona con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien ha enfatizado que “los funcionarios estatales tienen la obligación de repudiar de manera clara, pública y firme los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión…”, siendo por lo menos preocupante que quien se encarga de la conducción de los fiscales encargados de la investigación de posibles actos delictivos manifieste actos de censura indirecta.
La utilización del poder del Estado como una forma de presionar sobre la libertad de expresión es una práctica abusiva que ha sido ejercida por el gobierno Nacional y varios gobiernos provinciales, imitada con la actitud de la funcionaria judicial con el objetivo de silenciar las disidencias.
La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) observa con preocupación la posible actitud de la procuradora general, exigiendo la inmediata aclaración del hecho.
25/08/2015