Preocupación por el ataque al periodista Jorge Lanata

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta profunda preocupación por el ataque al domicilio particular del periodista Jorge Lanata y solicita a las autoridades nacionales que implementen, de manera urgente, medidas de protección hacia su persona.

De acuerdo a lo informado en el día de hoy por el periodista y conductor del programa “Periodismo Para Todos” (PPT) que se emite por canal 13 los domingos por la noche, el edificio en el que vive, ubicado en el barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue atacado tres veces en el término de doce horas. El 3 de agosto en horas de la tarde, desconocidos apedrearon la entrada del lugar, durante la noche hubo un ataque contra la casilla de la Policía Federal que se encuentra fuera de la torre de viviendas y en las últimas horas aparecieron ocho casquillos de bala en la puerta principal del complejo habitacional.

Si bien el periodista evitó realizar acusaciones o señalar posibles responsables del ataque, resulta alarmante que el mismo se haya producido dos días después de la presentación de un informe periodístico sobre narcotráfico y sus vinculaciones con el poder político. Se trata del triple crimen ocurrido en agosto de 2008 cuyas víctimas Sebasián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón fueron halladas sin vida en un campo del partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. El hecho estuvo vinculado con la llamada “ruta de la efedrina” y la causa, que comenzó a partir del descubrimiento de un importante laboratorio de drogas sintéticas (elaboradas a partir de la efedrina) en una casa quinta de Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, se relacionó con la campaña presidencial del año 2007.

Durante el programa “Periodismo para Todos” emitido el día 2 de agosto de 2015, se publicó un informe especial a partir del cual, dos de los condenados por la causa señalada, Martín Lanatta y José Luis Salerno, señalaron como autor intelectual del “triple crimen” al actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y en ese entonces Ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Durante horas previas a la emisión del programa PPT y, a través de su cuenta en la red social Twitter, Aníbal Fernández, precandidato a  gobernador de la provincia de Buenos Aires por el partido oficialista, acusó a la producción de extorsión vinculando al informe con maniobras electorales.

Resulta preocupante que el periodista Jorge Lanata haya sido agredido luego de publicar información vinculada al narcotráfico en Argentina. Hechos como este deben analizarse en un contexto de creciente conflictividad hacia periodistas y/o medios de comunicación que denuncian o investigan hechos que conectan el accionar de bandas narcocriminales con distintos estamentos del poder.

Esta situación está siendo advertida por la Fundación LED desde el año 2012[1]. Los hechos de violencia contra periodistas que investigan casos vinculados al narcotráfico y/o el crimen organizado se suceden cada vez con mayor frecuencia. Germán Sasso[2] periodista de Bahía Blanca, fue procesado por no revelar su fuente de información luego de publicar escuchas telefónicas vinculadas a la llamada causa “ Suris”, caso que vincula redes de narcos y lavado de dinero con empresarios allegados al poder político. Los periodistas de Santiago del Estero: Juan Pablo Suárez y Nicolás Adet Larcher[3] ambos fueron intimados a eliminar notas de investigación relacionadas al narcotráfico en esa provincia dentro de la misma causa. Hernán Lescano de la ciudad de Rosario fue amenazado por investigar bandas criminales locales. Germán de los Santos[4], corresponsal del diario La Nación en la provincia de Santa Fe, sufrió un ataque en su domicilio y el periodista Javier Sassi de Córdoba fue atacado a raíz de sus investigaciones. Durante el 2014 uno de los casos más relevantes fue el ataque con bombas molotov al Diario “El Sol”[5] de la ciudad de Mendoza, cuyos periodistas trabajan permanentemente amenazados.

Es en este contexto altamente preocupante donde se verifica este nuevo ataque. El hecho de violencia contra el domicilio de Jorge Lanata se inscribe en el más alto nivel de preocupación institucional de nuestro país. Si el periodismo de investigación es amenazado y desde las más altas esferas del poder se exhiben conductas agresivas hacia los periodistas que publican sus investigaciones, su seguridad se ve vulnerada. Es importante recordar lo señalado por la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra Periodistas y Trabajadores de Medios del año 2013 “la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los periodistas a un mayor riesgo de violencia”.

Dado el incremento del narcotráfico en la Argentina y el aumento de los ataques a periodistas la Fundación LED presentó el día 29 de julio de 2015 una solicitud de audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para requerir la intervención de ese organismo internacional en procura de la protección de los periodistas atacados y en prevención del incremento de la violencia hacia ellos.

La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión en el mismo informe del año 2013 agregó “Una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aún cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. De igual forma es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables”.

Por lo expuesto, la Fundación LED solicita a las autoridades nacionales se implementen las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad física del periodista Jorge Lanata. Sin perjuicio de ello, continuaremos trabajando para hacer públicas todas aquellas situaciones en las cuales se vea restringido el ejercicio de las garantías contempladas en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.