La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) ve con profunda preocupación la imposición de condicionamientos a la publicidad privada de las cadenas de supermercados por parte del Gobierno nacional como consecuencia del acuerdo de precios recientemente anunciado por la Secretaría de Comercio Interior.
Esta situación resulta claramente contradictoria con los principios de libertad de expresión y de derechos del consumidor tutelados por la Constitución Nacional.
En su artículo 42 la Carta Magna garantiza a los consumidores y usuarios el derecho a una “información adecuada y veraz”, la cual se verá absolutamente restringida en las actuales circunstancias.
Por otra parte y teniendo en cuenta el reciente Informe de la Auditoría General de la Nación que pone de manifiesto la falta de criterios equitativos para la distribución de la pauta publicitaria oficial del Estado, la obstaculización de la publicidad privada se constituye en un mecanismo adicional de presión sobre aquellos medios que expresan opiniones diferentes a las del Gobierno.
Recordamos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, a la cual adhiere nuestro país, en su apartado quinto sostiene que “la creación de obstáculos al libre flujo informativo, viola el derecho a la libertad de expresión.” Y en el decimotercero que “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial … atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.”
Se configura entonces, a partir de la acción del gobierno, un esquema de restricción a la libertad de expresión, al acceso a la información y a los derechos del consumidor por vías directas e indirectas que deteriora la calidad de nuestro sistema democrático.
La Fundación LED continuará con su labor de visibilización de todos aquellos actos que restrinjan el ejercicio de derechos en nuestro país e insta a la sociedad a tomar conciencia de la gravedad que revisten situaciones de este tipo para la vida democrática.