La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su profunda preocupación por el allanamiento del domicilio de la periodista Manuela Calvo, y el secuestro de todos sus equipos y materiales de trabajo en la provincia de La Rioja.
La periodista Manuela Calvo, quien viene trabajando en la investigación y difusión del probable abuso de una menor de 6 años por parte de su abuelo materno sufrió el allanamiento de su domicilio y el secuestro de su material de trabajo ordenado por el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género Nº1 de la Provincia de La Rioja.
La madre de la menor y distintas organizaciones de género de la provincia venían denunciando que a pesar de la causa que se había iniciado por el presunto abuso, la menor era obligada a mantener visitas con su padre. Calvo cubrió este caso y como consecuencia de ello dos meses atrás la justicia provincial la intimó para que no continuara pronunciándose sobre el mismo. El allanamiento ordenado se basa en una supuesta “desobediencia a la autoridad” por parte de la periodista.
La orden que le impedía continuar difundiendo el caso incluyó la prohibición de exhibir un documental que Calvo había realizado sobre el mismo, lo cual fue considerado un acto de censura previa por las organizaciones involucradas, y en el allanamiento le fueron secuestrados sus archivos de trabajo, computadoras, discos externos e inclusive su teléfono celular.
Este tipo de acciones constituye una severa limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y del derecho al acceso a la información de los ciudadanos, ya que no solo impide la labor periodística sino que induce a la autocensura de otros comunicadores que tengan interés en este o en casos similares.
Recordamos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”
En este caso particular, al referirse a información vinculada a una niña, la Relatoría Especial para la libertad de expresión manifestó que la libertad de expresión y las obligaciones asumidas por los Estados para la protección de la infancia se refuerzan mutuamente y no deben observarse de modo contrapuesto.
Ello continuando con las reglas establecidas por la Corte Interamericana al analizar el alcance y contenido del derecho a la libertad de expresión: “Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13”
LED viene advirtiendo en los últimos meses sobre una creciente utilización de la vía judicial como herramienta para limitar el ejercicio de estos derechos fundamentales con el objetivo de acallar casos de claro interés público. Este accionar repetitivo pone en severo riesgo el ejercicio de libertades consagradas en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
La Fundación LED se solidariza con la periodista afectada, dará seguimiento a este caso y continuará con su labor de defensa y difusión de estos principios que resultan indispensables para el desarrollo de una sociedad democrática.