La información que los ciudadanos brindan durante toda su vida a las distintas jurisdicciones estatales, forma parte de la relación del ciudadano con el Estado, y constituye un eje fundamental para el ejercicio de sus derechos civiles, sociales y políticos. Este intercambio de información privada se produce en base a un acuerdo reglado por Ley que establece la protección y preservación de la misma y la utilización específica para los fines que haya sido requerida.
El objetivo del presente informe se centra en contribuir a un mayor progreso y concientización sobre la salvaguarda de los derechos de las personas, frente a una protección informática vulnerable o insuficiente por parte del Estado, que compromete la manipulación, recopilación, conservación, tratamiento y responsabilidad, en la interacción de ese Estado con la ciudadanía, en un marco tecnológico extremadamente dinámico, hoy endeble.