La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por el hostigamiento judicial al periodista Osvaldo Bazán por parte del Senador Provincial de Santa Fe Armando Traferri.
Bazán publicó en el medio digital www.elsol.com.ar artículos en los cuales analiza los vínculos entre las fuerzas de seguridad, la justicia y los miembros de organizaciones criminales en la ciudad de Rosario. En esos artículos se menciona la relación del Senador provincial con algunos funcionarios sospechados de ser parte de ese entramado de corrupción.
Los artículos de investigación en cuestión recogen información de casusa judiciales junto a otras fuentes periodísticas que han sido publicadas en distintos medios.
Como consecuencia de estos artículos el legislador remitió una carta documento al periodista en la cual lo intima a que “rectifique sus manifestaciones, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes”.
La amenaza de judicializar la opinión, especialmente proviniendo de un funcionario público es una clara limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
En la causa Kimel vs. Argentina la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó los argumentos de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos al sostener que “se utilizaron los delitos contra el honor con el claro propósito de limitar la crítica a un funcionario público”. En este sentido, sostuvo que “la descripción de las conductas de [calumnia e injurias] tiene[…] tal ambigüedad, amplitud y apertura que permite[…] que las conductas anteriormente consideradas como desacato sean sancionadas indebidamente a través de estos tipos penales”. Además, la Comisión opinó que la “mera existencia [de los tipos penales aplicados al señor Kimel] disuade a las personas de emitir opiniones críticas respecto de la actuación de las autoridades, dada la amenaza de sanciones penales y pecuniarias”. Al respecto, indicó que “[s]i el Estado decide conservar la normativa que sanciona las calumnias e injurias, deberá precisarla de forma tal que no se afecte la libre expresión de inconformidades y protestas sobre la actuación de los órganos públicos y sus integrantes”.
En el mismo sentido se ha manifestado que «el funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de interés público. En un sistema democrático y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, no sólo por los órganos internos de control, sino también por la prensa y la opinión pública. La gestión pública y los asuntos de interés común deben ser objeto de control por la sociedad en su conjunto. El control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. De allí que el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiera la mayor circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público. Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 57 y 87; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 84, 86 y 87; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127.
La Fundación LED ha expresado en diversos documentos que las denuncias y amenazas de judicialización a periodistas por su opinión, sobre todo cuando provienen de un funcionario público tienen el único objetivo de silenciarlo e inducir a la autocensura a otros comunicadores, lo cual va en contra de los principios del sistema interamericano de Derechos Humanos.
LED se solidariza con el periodista afectado, dará seguimiento al caso y continuará con su labor para que toda la sociedad y en especial quienes ejercen la función pública asuman la crítica y el disenso como parte indispensable del dialogo democrático.