La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su profunda preocupación ante la confección de listas en las cuales se recaba información personal, política, laboral y social de diversas personas a los fines de ser catalogadas y publicadas en fichas de un sitio web, en base a sus creencias, expresiones y opiniones.

El pasado domingo 13 de junio el portal Diario Ar anunció la creación y publicación de un sitio web, “Reacción Conservadora” como una red para señalar, identificar y conocer a las personas, dirigentes políticos y sociales, jóvenes blogueros, partidos políticos, ongs y organizaciones religiosas que, según la afirmación de sus autores, constituirían el neo conservadurismo argentino.

El sitio publicaba información basada en una investigación realizada por un equipo encabezado por la periodista, Ingrid Beck, y revelaba como objetivo el de investigar y exponer las vinculaciones de referentes de determinadas posiciones ideológicas, políticas o religiosas. Completan el equipo de investigación Florencia Alcaraz, Paula Hernández, Paula Rodríguez, Juan Elman y Soledad Vallejos, según la publicación firmada y difundida.

Aunque el sitio web se encuentra momentáneamente inaccesible, durante el domingo 13 de junio informaba que “El objetivo de este mapeo es establecer vínculos entre actores de la llamada reacción conservadora”. Resultando que, por provincia, aparecía el nombre y la foto de dirigentes e instituciones que se expresaron principalmente a favor del movimiento por las dos vidas, y supuestamente en contra del movimiento feminista o de distintas políticas promovidas por sectores de afinidad ideológica con las autoras, esta red, se presentaba bajo el formato de una infografía interactiva permitiendo vincularlos con otros organismos y partidos políticos, además de dar a conocer la tarea desarrollada para catalogarlos como “anti derechos” y “anti progresistas”.

Según informan sus creadores, la plataforma es financiada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), una organización no gubernamental fundada en 1952, que se presenta con el objetivo de promover la salud reproductiva y sexual.

Quienes coordinan Reacción Conservadora han puesto de manifiesto que su metodología se basa en el seguimiento de las publicaciones en las redes sociales de las personas seguidas. A partir de ese seguimiento de la opinión, se elaboran los perfiles de cada uno de ellos -caracterizándolos como conservadores- dentro del mapa interactivo del sitio web.

Según se explicaba, en el mismo se podía realizar una búsqueda a partir de distintos filtros: por actividad (redes sociales, partidos políticos, iglesias, medios, poderes del Estado, think tanks, organizaciones de la sociedad civil, entre otros), por territorio, individualmente o por nombre. Al clickear en cada foto, aparecía la biografía correspondiente a la persona y su red de vínculos. En algunos de los casos exhibidos con fotografía y nombres aparecían, además, el grado de parentesco con otros referentes señalados, incluso la descripción del grado de relación como compromiso, o noviazgo.

Entendemos que ninguna persona debe ser estigmatizada, clasificada, catalogada o enlistada en virtud de sus expresiones, cualquiera sea su forma, porque ello atenta sin lugar a dudas contra la libertad de pensamiento y expresión amparada por nuestra Constitución Nacional y la normativa sobre Derechos Humanos que rige en nuestro país con jerarquía constitucional. Tal como lo ha expresado la Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “La libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole.” Según la interpretación de la Declaración de Principios CIDH.

La confección de listados o fichas personales sobre cualquier ciudadano y su publicación en la web para ser estigmatizados bajo un sesgo negativo por su posición ideológica, cualquiera sea, pone en riesgo el ejercicio del más elemental derecho humano como es la libertad de pensamiento y opinión.

Preservar la diversidad de opiniones, la pluralidad de voces dentro de una sociedad, así como el respeto por los derechos personalísimos de cada ciudadano, es un valor democrático que debe ser cuidadosamente protegido en la búsqueda del bien común y la vigencia de las libertades individuales y sociales.

La investigación realizada por Reacción Conservadora suscitó una fuerte oposición en redes sociales y medios de comunicación, tal es así que se convirtió en tendencia bajo el hashtag “#LaGestapoArgentina”. Luego de la polémica el sitio dejó de estar operativo y las cuentas de las periodistas que integran el proyecto dejaron de ser de libre acceso debido a las críticas recibidas por parte de distintos referentes sociales y periodísticos.

Como consecuencia de ello, las personas quienes han sido objeto de esa investigación, no pueden conocer los datos personales que dicho equipo tiene en su poder y así determinar la afectación a sus derechos personalísimos. Ni tampoco comprobar que se respete como principio constitucional que nadie puede ser objeto de persecuciones en base a sus ideas, opiniones y expresiones de cualquier tipo. “Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.” Según expresan los principios interamericanos de acceso a la información y protección de datos personales.

Conforme lo interpretado por la Relatoría Especial, este principio se refiere a la acción de habeas data a cual se erige sobre la base de tres premisas: 1) el derecho de cada persona a no ser perturbado en su privacidad, 2) el derecho de toda persona a acceder a información sobre sí misma en bases de datos públicos y privados para modificar, anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de datos sensibles, falsos, tendenciosos o discriminatorios y 3) el derecho de las personas a utilizar la acción de habeas data como mecanismo de fiscalización. Este derecho de acceso y control de datos personales constituye un derecho fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la falta de mecanismos judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación de datos afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, a la identidad personal, a la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de datos obtenidos.
Esta acción adquiere una importancia aún mayor con el avance de nuevas tecnologías e Internet toda vez que tanto el Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma rápida una gran cantidad de información sobre las personas.
Es tal la importancia de esta garantía receptada por nuestra Constitución Nacional ya que el acceso a los datos personales permite verificar la legalidad utilizada por parte de quien interviene en la recopilación de datos de los mismos. El acceso a dicha información, por otra parte, habilita al peticionario a conocer la identidad de los involucrados en la recopilación ilegal de datos, habilitando la sanción legal para sus responsables e impidiendo el uso abusivo o discriminatorio de los mismos.
La mera existencia de datos personales en registros públicos o privados es razón suficiente para el ejercicio de este derecho, por lo que LED solicita la protección de los mismos y la no difusión hasta que cada una de las personas allí implicadas puedan tener el acceso a sus datos e información personal.
Desde la Fundación LED repudiamos los hechos descriptos y continuaremos dando seguimiento a este caso y bregando por la vigencia del derecho a la Libertad de Expresión en su más amplio sentido y aplicación.