La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la utilización de la Cadena Nacional con fines persecutorios y/o restrictivos del disenso en el día de hoy, 12 de mayo, cuando en oportunidad de anunciar la refinanciación de deudas provinciales, la Señora Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió despectivamente a medios de comunicación y a distintos ciudadanos que realizaron críticas a su gestión de gobierno.
Como LED destacara en sus respectivos informes sobre “Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión”, ante los casos del empresario inmobiliario Jorge Toselli o de Julio César Duran, quién decidió comprar dólares para obsequiar a su nieto, nuevamente la Presidente de la Nación, utilizó en el d el sistema de radio y televisión, sin que se cumplieran ninguno de los supuesto previstos en la ley 26.522, para cuestionar al dirigente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi y al periodista Mariano Grondona, por haber criticado los “subsidios progresivos” al sector granario, de los cuales se habrían beneficiado.
Con información precisa sobre su situación fiscal, la Presidente reveló datos de los mismos, que están protegidos por la legislación vigente y cuya divulgación hace pasibles de sanciones a los funcionarios que la hayan facilitado.
Esta actitud condenatoria del disenso, se complementa con una interpretación abusiva de los objetivos de la Cadena Nacional.
Según determina con claridad la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su artículo 75, el Poder Ejecutivo nacional podrá disponer con carácter de obligatorio de la cadena de radiodifusión nacional “en situaciones graves, excepcionales, o de trascendencia institucional”.
La Fundación LED, advierte que en lo que va del año la Presidente de la Nación ha utilizado este recurso en 16 oportunidades, desvirtuando sus fines y vulnerando el derecho de los ciudadanos a acceder de manera adecuada a la información pública y de las restantes fuerzas políticas a tener mecanismos equitativos de difusión de sus ideas y opiniones.
Estas acciones, sostenidas a lo largo del tiempo, deterioran la calidad del debate público y contribuyen a consolidar la superioridad comunicacional del gobierno, lo cual se contrapone a los objetivos enunciados al sancionar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Fundación LED insistirá en la necesidad de establecer parámetros claros para la utilización del sistema público de medios, a fin de garantizar que no se afecte el derecho a la libertad de expresión y de prensa emanado de nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran.