La Fundación LED (Libertad de Expresión más Democracia) expresa su preocupación por los despidos que se han producido en la emisora radial Radio 10, gerenciada por el Grupo Indalo Media, multimedios perteneciente al empresario Cristóbal López.
Los despidos de los periodistas Antonio Laje y Gustavo Mura por opiniones que han sido contrarias a las políticas del gobierno Nacional, son hechos de censura que no pueden pasar desapercibidos en el actual clima de tensión social.
Como expresáramos el 26 de Diciembre de 2012 en la declaración «Menos pluralidad de voces = menos democracia», la Fundación LED expresó su profunda preocupación frente a la situación de concentración de las opiniones que se vivía en el país y que se cristalizaba en la expulsión de trabajadores de prensa de los medios en los cuales se desempeñaban hace años, todo ello como consecuencia de diferencias de criterio respecto a las líneas editoriales del grupo empresarial.
Si bien los medios y sus dueños tienen el derecho a fijar una línea editorial, siendo razonable y legítimo que se priorice a los periodistas que expresen de manera más clara esa opinión, la concentración favorecida por el Estado Nacional hacia medios que responden a los intereses del mismo, ha determinado el despido de periodistas que han expresado en algún momento opiniones críticas o simplemente distintas al denominado «relato» oficial.
Así como en el año 2012 se despidió al periodista Marcelo Longobardi de C5N y en el 2013 al periodista Luis Rosales de la misma señal de noticias, durante las primeras horas del 2014 se conoce la noticia del despido de los periodistas Gustavo Mura y Antonio Laje, todo ello producido bajo el gerenciamiento del mismo grupo empresarial.
Es importante recordar, tal como oportunamente lo señalara nuestra Fundación, que la transferencia de estos medios a manos del grupo Indalo del empresario Cristóbal López no podría haber ocurrido bajo el imperio de la ley de servicios de comunicación audiovisual, tanto por el impedimento que la misma establece a los prestadores de servicios públicos para prestar radiodifusión como por las condiciones fijadas por el artículo 45 en relación a la multiplicidad de licencias.
En todos los casos señalados, si bien las decisiones empresariales sobre la programación de contenidos pueden ser consideradas razonables, la ilegitimidad de origen por violación a la norma de radiodifusión la transforman en medidas de censura con el intento de concentrar las voces y restringir la difusión de cualquier mensaje distinto al que expresa el gobierno nacional.
Con el desplazamiento de los periodistas de Radio 10 y de C5N queda claro que el disciplinamiento de la línea editorial acaba de completarse. La compra de los medios en cuestión y estos últimos despidos parece responder entonces, como lo denunciamos en su momento, a un intercambio de favores entre un empresario prestador de servicios públicos y el gobierno que le concede las obras, asegurando una línea editorial adicta a las apetencias del oficialismo la empresa recibe beneplácito del gobierno y éste por su parte avanza en el camino hacia la hegemonía asegurándose cada vez más voces favorables en los medios de comunicación.
La Fundación LED reitera que la sociedad democrática exige de sus gobiernos la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión mediante el respeto a las opiniones diversas y el cumplimiento de la ley en iguales condiciones para todos.
03/01/2014