Desde la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifestamos preocupación ante el dictado y aplicación de la Resolución 1 de fecha 14 de marzo de 2022 emitida por la Directora General de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena, mediante la cual prorroga por el término de veinte (20) días hábiles el curso de los plazos de los procedimientos administrativos, cuyos vencimientos operen entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022.
En los hechos, esta medida implica que las solicitudes de acceso a la información pública que deberían ser contestadas entre las fechas señaladas, deberán esperar veinte días hábiles más, desnaturalizando así cualquier previsión legal a favor de las personas que efectuaron sus requerimientos.
Según surge de los considerandos de la norma citada, la medida se sustentaría en que se está realizando una auditoría interna luego que asumiera el cargo la nueva dirección de la agencia.
En este contexto, resulta preocupante, que desde la Agencia que debe proteger y operativizar el acceso a la información pública de acuerdo a lo establecido por la ley 27.035, se suspenda arbitrariamente y sin fundamento legal, el acceso a este derecho.
Se trata de la suspensión y afectación de un derecho fundamental amparado y garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que a ella se integran.
En reiteradas ocasiones, desde LED nos hemos manifestado advirtiendo la reiterada intención del Poder Ejecutivo Nacional de designar como Director/a de la Agencia de Acceso a la información Pública a funcionarios que, por carecer de suficiente experiencia y antecedentes académicos en las cuestiones reguladas por las leyes 25.326 y 27.275, no acreditan el requisito de idoneidad que el art 20 de la ley citada en último término requiere, y resulta palmario que esto repercute en todo el tratamiento del acceso a la información que se pone de manifiesto en las decisiones que, como en este caso, toman estos funcionarios . (http://fundacionled.org/articulos-y-monitoreo/preocupacion-por-la-designacion-del-responsable-de-la-oficina-de-acceso-a-la-informacion-publica).
Desde la Fundación LED daremos seguimiento a la aplicación de la Resolución 1/2022 y continuaremos bregando por el efectivo acceso a la información pública como parte integrante del derecho a la libertad de expresión que es base de la vida en democracia.