La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación respecto de la sanción de la Ley de Comunicación Social de Cuba, de reciente publicación en el órgano oficial de ese país.
Tal norma prevé que se encuentra prohibida la divulgación de informaciones que puedan “desestabilizar el Estado socialista” tanto en los medios como en “el ciberespacio”, concepto éste de una ambigüedad tal que puede dar lugar a persecuciones y censuras a medios y periodistas no afines con el régimen gubernamental.
Tampoco se contempla la existencia de los medios de comunicación independientes, como los portales de internet , los que se han multiplicado en los últimos años, ya que se establece que los medios solo pueden pertenecer al Estado o a asociaciones reconocidas, como la central sindical, o ser comunitarios y que, en todo caso, “su objetivo nunca será subvertir el orden socialista y deberán estar registrados en una entidad estatal.”
La ley ha sido cuestionada por diversas ONG´s y periodistas, en la medida que la misma permitiría legalmente la censura a los contenidos contrarios a la narrativa oficial , dejando, por otra parte, sin protección legal a los diarios digitales independientes.
Eloy Viera Cañive, en el canal de Youtube “No nos callarán Cuba” sostuvo que “El poder cubano sigue manteniendo una capacidad política monolítica importante pero se producen tensiones dentro y esta ley de comunicación es una expresión de eso” mientras que en el portal digital El Toque, se dijo que “El proyecto no reconoce el respeto a la diversidad política”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado condenando tal regulación por considerar que permitirá al Gobierno reforzar su coacción en contra de la libertad de prensa de los medios y periodistas independientes y restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos.
En ese orden de ideas el Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa entidad, Carlos Jornet, destacó que «Queda claro que esta norma legitima al Estado para seguir censurando sin culpas, perseguir y amordazar. Es sorprendente la saña del régimen, si se tiene en cuenta su férreo sistema de censura, para el que utiliza el Código Penal, la Ley 88 y otros decretos».
Sobre el particular, debe señalarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado reiteradamente que dentro de una sociedad democrática resulta necesario que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto y que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información.
De todas formas debe recordarse que ese Organismo, y con relación al régimen cubano, en su informe de 2022 ha dicho que “El marco jurídico cubano y las prácticas gubernamentales dirigidas a restringir cualquier voz disidente o no alineada a los intereses gubernamentales hacen cada vez más difícil el ejercicio del periodismo independiente en Cuba y, consecuentemente, la formación de la opinión pública, la rendición de cuentas y el escrutinio de los poderes públicos y de las autoridades. Las tendencias de hostigamientos, intimidaciones y criminalización a periodistas identificadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en informes anteriores persisten en 2022, y se basan tanto en normas que continúan vigentes como en prácticas estatales arbitrarias.”
Por su parte, Human Rights Watch, en su informe anual publicado el 23 de Mayo de 2023, luego de apuntar que “…El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes…” expresa que “…En mayo de 2023, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Comunicación Social que restringe fuertemente el funcionamiento de medios de comunicación independientes e incluye prohibiciones excesivamente amplias, como la prohibición de “sustentar la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país”, que podría utilizarse para censurar críticas…“
LED dará seguimiento al caso y continuará trabajando para que en la Argentina y en toda América, imperen los principios básicos que hacen a una sociedad democrática robusta y madura, cuestionando públicamente todo acto o norma que involucre o implique una pérdida de tal estándar.