La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por las declaraciones del Diputado Nacional Rodolfo Tailhade en las cuales descalifica la labor de medios y periodistas y los acusa de actuar bajo las órdenes de funcionarios judiciales.
El Diputado Tailhade aparece mencionado como uno de los destinatarios de información obtenida mediante espionaje ilegal, causa por la cual se encuentra detenido el ex agente de la Policía Federal, Ariel Zanchetta. En la mencionada causa se investiga el seguimiento y el intecambio de información sobre periodistas, entre ellos Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro Etchecopar, Pablo Duggan, Diego Brancatelli, Luis Novaresio, Julia Mengolini y Christian Sanz, políticos y empresarios, operación que habría sido financiada con recursos de pauta publicitaria oficial a través de la agencia estatal de noticias TELAM.
Los recursos públicos de publicidad oficial habrían sido facilitados por Fabián “Conu” Rodríguez, actual Sub Director de la Administración Federal de Ingresos Públicos y quien fuera Director de la agencia oficial de noticias TELAM.
En el marco de una reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la cual el oficialismo impulsa un expediente en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tailhade calificó la información consignada por los medios como una “operación berreta” impulsada por el Juez de la Corte, Horacio Rosatti y el director de su vocalía Silvio Robles y de la cual serían participes periodistas como Carlos Pagni y Claudio Savoia con el objetivo de perjudicar el juicio político a los Altos Magistrados.
El Diputado involucrado ha reconocido que recibió la oferta de información obtenida de modo ilegal, y aunque alega que no accedió a la misma omite su obligación como funcionario público de denunciar el hecho ilícito.
El hecho de que un legislador nacional, que puntualmente integra la comisión bicameral que supervisa las actividades de inteligencia acuse a periodistas, medios y funcionarios judiciales de montar una “operación” constituye claramente una limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los ataques, amenazas o agresiones a la prensa buscan “eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas. Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación sobre irregularidades en la gestión pública. Esta práctica busca que la prensa como mecanismo de control, guarde silencio o se haga cómplice de aquellas personas o instituciones que realizan actos o hechos abusivos o ilegales. La Comisión ha establecido “ … la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública…” Y agrega,”…dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica…”
LED se solidariza con los periodistas afectados y continuará su labor para que toda la sociedad y en particular quienes ejercen la función pública comprendan la importancia que tiene el ejercicio sin condicionamientos de la labor periodística para el fortalecimiento de la democracia.