La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por el creciente escalamiento verbal que se sucede desde el discurso presidencial hacia periodistas y medios de comunicación. En esta oportunidad fue el periodista Jorge Lanata el señalado por el Presidente Javier Milei desde su cuenta de X (Ex Twitter) luego de que el periodista formulara una crítica hacia el poder ejecutivo por la presencia del embajador Israelí en una reunión de gabinete.
El presidente afirmó en su posteo que el citado periodista habría mentido con relación a una reunión mantenida en la Casa de Gobierno, con la presencia del embajador del Estado de Israel, preguntándose si “¿Decir la verdad requiere sobre?”.
Esta manera de comunicarse a través de las redes sociales es característica del Presidente desde su irrupción en la arena política. La comunicación directa y la refutación a las críticas son herramientas válidas siempre y se encuadran dentro de lo previsto en las garantías constitucionales. La libertad de opinión y la libertad de expresión están garantizadas para todos los ciudadanos. Cuando el que la ejerce es además el Presidente de la Nación, éstas garantías conllevan, asimismo, mayor responsabilidad.
Sobre el particular, debe destacarse que tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. De allí que el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiera la mayor circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público. ( C.I.D.H., Caso Kimel -2008.) También, en el caso “Ulloa” ese Tribunal ha dicho que “…el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático.”
Por eso, tal como lo hemos expresado en anteriores declaraciones, el 20 de enero y el 10 de abril (https://fundacionled.org/articulos-y-monitoreo/preocupacion-por-la-descalificacion-a-periodistas, https://fundacionled.org/articulos-y-monitoreo/el-debate-publico-deber-ser-vigoroso-plural-y-respetuoso-de-la-diversidad ) sostenemos que el debate público debe fortalecerse en las diferencias y discurrir dentro de los parámetros democráticos. Los periodistas deben tener toda la libertad para expresar sus ideas, opiniones y posiciones políticas sin restricciones.
Tal como oportunamente lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Casos Ríos y Perozo Vs. Venezuela, donde expresó que los excesos verbales por parte del entonces Presidente Chávez y de altos funcionarios públicos promovían la violencia y el hostigamiento contra medios y periodistas y contribuyeron a acentuar o exacerbar, situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión por parte de sectores de la población hacia las personas vinculadas con ese medio de comunicación.
En este contexto, es fundamental, tal como ha reiterado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que los Estados “ adopten un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. Las autoridades tienen la obligación de condenar enérgicamente las agresiones contra periodistas y alentar a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables”.
La Fundación LED sostendrá siempre que la labor periodística no puede ser motivo de acciones difamatorias o injuriosas, más allá del derecho de quien entienda que se hubiere cometido una acción ilícita o reñida con la ética que se debe exigir a todo periodista y continuaremos trabajando para que periodistas y medios de comunicación lleven adelante su labor en un marco de pena libertad de expresión y respeto en nuestro país.